Demandan a la presidenta chilena frenar la criminalización de las protestas de mapuches

octubre 21, 2006

La Jornada (México)

El quinto congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica concluyó ayer tras cinco días de trabajos, durante los cuales se difundieron detalles de los impactos dañinos de la globalización, la cual, señalaron los participantes en el encuentro, está arrasando con las economías nacionales de los países de América Latina, obliga a sus habitantes a emigrar y acaba con los recursos naturales.

Lo más preocupante, según el consenso de los participantes, es que la globalización no ofrece opciones de justicia ni termina de reconocer los derechos históricos de los pueblos indios.

Una centena de antropólogos, abogados, miembros de organizaciones de derechos humanos y dirigentes de organizaciones indígenas de toda América Latina participaron en el congreso, en el cual discutieron y reflexionaron sobre justicia y diversidad en el contexto de la globalización, desde una perspectiva hemisférica.

María Teresa Sierra, coordinadora general del congreso, aseguró que los objetivos se cumplieron. Principalmente, dijo, fue enriquecedora la participación de actores directos de las comunidades indias de varios países de América Latina.

Destacó que uno de los temas que estuvieron en la mesa de discusión fue el del aparato de justicia de México.

“Consideramos que este evento tenía que abordar lo que está sucediendo en nuestro país en torno a la justicia y el estado de derecho. Cómo el estado de derecho está siendo usado para los fines del poder”, afirmó.

La investigadora afirmó que los pueblos indios tienen una respuesta “desde abajo” a la globalización, que afecta de manera aguda a sus comunidades.

Agregó que el congreso confirmó que existe una respuesta de las comunidades indias a la globalización y que las mismas están contribuyendo no sólo con proyectos alternativos de desarrollo, sino también con opciones para pensar la justicia.

Es importante, añadió, que los gobiernos de América Latina respeten los sistemas normativos de las comunidades, sus derechos, sus formas de hacer justicia y sus maneras de gobernar.

Destacó que la antropología jurídica es una disciplina pujante, “que nos pone el reto de discutir desde una perspectiva antropológica qué pasa en el derecho”.

También es fundamental, abundó, que los estados reconozcan su pluralidad, la diversidad como un elemento central, no sólo para plasmar en las leyes que hay derechos culturales para los pueblos indios, sino que admitan la autonomía de éstos, su libre determinación y su derecho a territorios.

En la sesión de clausura fue leída una carta de Rodolfo Stavenhagen, relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) -quien no pudo asistir por encontrarse en la sesión del organismo-, en la cual aseguró que el tema de los derechos de los pueblos indios adquiere más importancia en los debates internacionales.

También se dio lectura a una carta dirigida a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, en la que le solicitan su intervención para terminar con la criminalización de la protesta mapuche y modificar la ley 18.314 -“ley antiterrorista”- para ajustarla a los estándares de derechos humanos. Exigieron la inmediata libertad de todos los presos mapuches.

Los participantes en el congreso exhortaron al gobierno de Chile a votar en Naciones Unidas en favor de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, honrando compromisos de democracia, pluralismo y derechos humanos.

 

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