Por Leandro Etchichury (Antropólogo y Director de Planeamiento y Capacitación de Protección Civil)
Año 2013
Introducción
Mucha, pero fugaz, fue la discusión que se generó respecto al papel de los medios de comunicación al abordar las inundaciones, y sus consecuencias, ocurridas en Buenos Aires, y muy particularmente en la ciudad de La Plata en abril de 2013. Un debate que nada tiene de nuevo.
Poco menos de un mes después de la catástrofe, se escuchó en la radio a una periodista de Santa Fe (ciudad que soportaba unas fuertes lluvias), pidiendo a los canales de televisión que no difundan imágenes de las inundaciones ocurridas diez años atrás, para no confundir a la gente.
Montar un show jugando con la indefensión de la población afectada (con predilección por aquellos socialmente más vulnerables), el manejo irresponsable de cifras sensibles, la magnificación de algunos hechos y la minimización de otros, el escándalo y la opinión sin fundamento son un clásico de la estrategia de buena parte de los principales medios en su disputa por la audiencia.
Lo pertinente y lo desatinado suelen verse reflejados en un mismo órgano periodístico, como cuando Clarín se permitió, en plena tragedia platense, el perverso juego de titular sobre “La Abuela de Plaza de Mayo que desapareció bajo el agua” y días después publicar un interesante artículo (aunque con originalidad dudosa si se le presta atención a la nota publicada por el portal Diario sobre Diarios el 25 de junio de 2003) sobre “Los mitos y realidades de las catástrofes”, en el que se desarman en forma sencilla tremendismos que pululan (aún en el propio diario) generando alarma en la población, como son el tema de las epidemias, la falsificación de datos sobre víctimas, el robo de donaciones, por citar sólo algunos. El papel que los medios juegan en nuestra cultura, si bien no es determinante, al menos resulta ser condicionante a la hora de buscar reacciones sociales.
Ante ello, el presente artículo lo que se propone es analizar cómo desde dos organismos del Estado nacional se propuso trabajar en programas de formación para trabajadores de prensa en materia de gestión de riesgo de desastres. Abordaremos sus planteos iniciales, sus dudas, sus desarrollos y resultados.
La construcción social del riesgo
La antropóloga británica Mary Douglas supo afirmar que la construcción de cómo una sociedad percibe el riesgo y de cuál es su nivel aceptable significa, en verdad, una elaboración cultural.
“De la obra de Mary Douglas se desprende claramente una línea de interpretación que ha sido considerada por muchos especialistas como la única relacionada con la antropología del riesgo, al grado que hacia la década de 1990, cuando se hablaba de antropología del riesgo, la referencia obligada era la obra de Mary Douglas como alternativa a las interpretaciones de la sociología estadounidense especializada en este tema, asociadas con el estructural-funcionalismo, con los estudios sobre respuesta social e, institucionalmente, con la creación del Disaster Research Center, hoy ubicado en la Universidad de Delaware” (García Acosta 2005:14)
En su trabajo junto a Aaron Wildavsky , Riesgo y Cultura, Douglas aborda al riesgo como un fenómeno socio-cultural y no como un mero dato probabilístico cuantitativo. El riesgo sería percibido y elaborado de acuerdo a representaciones estrechamente vinculadas a una determinada forma de organización social.
“Las personas seleccionan ciertos riesgos como relevantes (la guerra, la contaminación, el cáncer, el desempleo) de acuerdo con el papel que estos riesgos pueden tener en el fortalecimiento de la solidaridad social de las instituciones en las que participan… De esta manera, al considerar que los riesgos son percibidos y administrados de acuerdo con principios que refuerzan formas particulares de organización social, deja de ser posible tratarlos de forma neutra, con herramientas metodológicas cuantitativas.” (Guivant 1998:5)
Douglas y Wildavsky entienden que la interpretación de lo que es peligroso no necesariamente es la misma de una comunidad a otra, como tampoco dentro de una misma comunidad, pretendiendo explicar por qué determinadas amenazas son ignoradas y otras generan preocupación o alarma a partir de negar que son las especificidades mismas de las amenazas las que generan los miedos; postura que recibiera algunas críticas por su perfil relativista al no problematizar cierta realidad específica de las amenazas medioambientales (Reynoso, 2008).
Al abordar cómo se entiende en una sociedad lo que es un nivel aceptable de riesgo, Douglas asevera que “forma parte de la cuestión de los niveles aceptables de vida y de los niveles aceptables de moralidad y decencia; y no se puede hablar con seriedad del aspecto de riesgo mientras se evita la tarea de analizar el sistema cultural en el que se han formado los otros niveles” (Douglas 1996:127).
Esta pluralidad de racionalidades por parte de los distintos actores sociales, al momento de abordar los riesgos, conduce a la descomposición de la tajante separación establecida entre los poseedores institucionalizados del conocimiento y el resto de los legos mortales.
García Acosta va a señalar que al concepto de construcción social del riesgo se le ha asignado diferentes interpretaciones, por lo que entiende necesario diferenciar la percepción de la construcción social del riesgo. El enfoque de Mary Douglas busca analizar cómo se construye esa percepción social. Pero hacia fines del siglo XX comienza a trabajarse una nueva perspectiva que tiende a analizar cómo los desastres, naturales o antrópicos, afectan a los distintos grupos sociales a partir de distinguir los distintos niveles de vulnerabilidad.
Como señala la socióloga brasilera Julia Guivant, desde una mirada más tradicional de aquellos que trabajan en la gestión del riesgo de desastres, la estimación de los riesgos comprende una caracterización de las fuentes del mismo, la medición de la intensidad, frecuencia, duración de las exposiciones y la caracterización de la relación entre el nivel de exposición y las consecuencias para las poblaciones afectadas. Uno de los desafíos más importantes para los técnicos es el de comunicar los riesgos de tal manera de buscar disminuir las distancias entre la percepción de los legos y de los peritos. Los legos tienden a ser identificados como receptores pasivos de estímulos que los llevan a percibir los riesgos de forma no científica, pobremente informada e irracional. Se suele estimar, desde el campo científico, que los riesgo percibidos por los legos no necesariamente se corresponden con riesgos reales, analizados y calculados por la ciencia, colocándose las agencias encargadas de la administración de riesgos de desastres como un referente del abordaje técnico, que trabaja con elementos cuantificables para la formulación de políticas públicas y normas para la regulación y la legislación. Las respuestas de los legos a los riesgos y a las informaciones sobre los mismos se apoyan en una racionalidad que emerge de sus propias experiencias sobre la confianza en relación a las instituciones públicas y privadas, como el caso de los medios de comunicación. Guivant señala al investigador británico de estudios medioambientale, Brian Wynne, como quien postula la necesidad de abrir un proceso de aprendizaje social, que abra espacios a negociaciones y debates sociales, sin procurar eliminar conflictos, ambigüedades e indeterminaciones de los distintos espacios del conocimiento (Guivant 1998)
Por ello, el lugar de los medios informativos es relevante para el desarrollo de políticas para la reducción del riesgo de desastres. Y, como manifestara en una columna de opinión en Página/12 la investigadora Beatriz Sznaider, es el Estado “quien debe trabajar de manera concreta con los medios de comunicación sobre qué y cómo informar cuando están en juego las vidas humanas”.
En esa misma columna, Sznaider se preguntaba si era posible “generar un protocolo para que los medios difundan de manera respetuosa y certera todo aquello vinculado a las víctimas de la emergencia y el desastre”. En Colombia, la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres publicó un protocolo de actuación de los medios masivos de información pública nacional en caso de un desastre. Allí, se detallan los objetivos de la información pública frente a un evento crítico y se describe la secuencia de actuación que deben seguir los responsables de los medios ante la ocurrencia de un desastre o emergencia.
Según algunos análisis, la presencia del protocolo no ha modificado sustancialmente la tradicional dinámica de la noticia ante los desastres, e inclusive ha sido cuestionada su presunta “carga controladora”, tal como hizo Adelfo Solarte en El rol de los medios como actores de la gestión de riesgos de desastres.
En Argentina, tanto desde el Estado nacional como desde algunas provincias se está trabajando con profesionales de la comunicación en estos temas que hacen al concepto de responsabilidad compartida. Porque, como afirma Gustavo Wilches-Chaux, “la información es uno de los ingredientes de la comunicación, y de la calidad de la misma va a depender en gran medida la calidad y la eficacia del proceso comunicativo”.
Crear conciencia respecto al lugar que deben ocupar los medios en el llamado sistema de protección civil (sin perder capacidad crítica, naturalmente), es una tarea que, entendemos, debe tender también a fortalecer el compromiso con la difusión de información oportuna y veraz, en apoyo a los procesos de toma de conciencia y sensibilización de la población y de sus autoridades sobre las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos a los que toda comunidad se enfrenta.
La gestión participativa del riesgo es una actividad política, ya que está directamente relacionada a un modelo de desarrollo. Proporcionar de manera oportuna y adecuada la información que la hace posible es un compromiso político que el Estado nacional no ha eludido. La evidencia de eso, por ejemplo, está en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en su artículo segundo afirma: “La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.
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