Pueblos originarios: El reclamo que no calla

Por Vanina Lombardi  
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Agencia TSS – Más de 40 pueblos originarios habitan en la Argentina. En contra de lo que suele creerse, acerca de que estas comunidades están ubicadas en zonas rurales, siete de cada diez integrantes de pueblos indígenas residen en ámbitos urbanos. Estos pueblos, que llevan décadas reclamado por la recuperación de sus derechos, han sufrido desde violencia física hasta desplazamiento territorial, así como la invisibilización de sus costumbres y cultura.

“Las formas de violencia contra los indígenas han cambiado, se multiplican y nos deben llamar la atención. Hoy están matando a los líderes que se están organizando en diferentes partes del mundo en la lucha para defender su territorio y un medioambiente más sano”, dijo la antropóloga Irene Bellier, directora de investigación en el Centro Nacional de Investigación Francés (CNRS), durante un encuentro en el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA). Allí, representantes de pueblos originarios, investigadores sociales y estudiantes compartieron experiencias e inquitudes sobre diversas problemáticas que atraviesan a estas comunidades.

“Es importante que la academia esté al servicio de los pueblos y tenga contacto con indígenas y campesinos, para sacar a la luz lo que está pasando en las comunidades y el campo”, destacó Nilo Cayuqueo, del Pueblo Mapuche de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, durante esta actividad que se desarrolló en el marco del programa “Etnicidades y territorios en redefinición”, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la FFyL-UBA. “Si no hubiese sido por la antropología, no nos hubiésemos formado como comunidad”, ejemplificó Nelson Kaipil, Werken de la comunidad mapuche “Kalfu Lafken” de Carhué, también en Buenos Aires, y agregó: “Los antropólogos nos brindaron todo lo que necesitábamos para poder conformarnos y alcanzar los mismos derechos que otros ciudadanos”.

Elena González, de la Comunidad del Pueblo Qom “19 de abril”, del partido de Marcos Paz, en la misma provincia, recordó que los pueblos originarios han sido perseguidos por décadas. “Estamos trabajando para que no se pierdan el idioma ni la cultura indígena, y apoyamos para que las universidades públicas no se cierren”, agregó esta referente que, además, es una de las fundadoras de un espacio comunitario que hoy no solo funciona como comedor sino también como lugar de encuentro, talleres y capacitaciones.

Sobre el recorrido de las comunidades para hacer visibles sus demandas a lo largo del tiempo,  Cayuqueo, que es activista del movimiento indígena a nivel nacional e internacional desde la década del sesenta, recordó la primera vez que viajó a Naciones Unidas, en 1977, en representación de su comunidad cuando el país estaba bajo la dictadura militar. “Cuando terminé mi exposición se me acercó el el embajador argentino para cuestionarme y luego mandó un informe diciendo que había hablado mal del país, lo que llevó a que en 1979 tuviera que exiliarme. Fue una época dura, las comunidades no se podían reunir, hubo represión contra los Qom y todo era en silencio”, relató.

En 1971, poco antes de ese encuentro en Ginebra, se estableció la denominada Declaración de Barbados. “Fue una primera articulación entre pueblos indígenas y antropólogos, que anunciaban que debía cambiar la universidad. Hoy, 50 años después, todavía urge ver cómo ha cambiando la universidad”, reflexionó Bellier, que también es responsable del Laboratorio de Antropología de las Instituciones y las Organizaciones Sociales del Instituto Interdisciplinario de Antropología de lo Contemporáneo (LAIOS–IIAC).

Al respecto, agregó que los pueblos indígenas, por su historia, posicionamientos y luchas, tienen un papel de “lanzadores de alerta” de lo que va a ocurrir a la humanidad. “Dentro de la universidad, la academia y los medios, muchas veces se los ve como gente del pasado, pero son el presente y quieren ser el futuro”, subrayó la especialista que trabaja en ONU/International, y agregó que, a lo largo de su carrera, tuvo “que empujar paredes para que los pueblos indígenas sean reconocidos, no como un objeto de estudio, sino como sujetos de derechos”.

Vecinos indígenas

Cuatro de cada diez integrantes de pueblos indígenas habitan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), adonde el pueblo Qom (Toba) es el más numeroso (con 14.466 integrantes), seguido por el Pueblo Mapuche (9.745), el Pueblo Guaraní (9.089), Tupí Guaraní (8.483), Diaguita y Diaguita Calchaquí (6.217), Ava Guaraní (3.268), Tehuelche (1.664), Rankulche (1.370), Huarpe (1.136) y Selkaman u Ona (114), según datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (INDEC, 2004-2005).

Del mismo modo, la presencia de indígenas en centros urbanos se repite en otras partes del país, en especial en lugares cercanos a zonas de alta concentración de población originaria como la Pampa, la Patagonia, el Noreste y el Noroeste. Así, integrantes del pueblo Qom (Toba) se han establecido en Rosario (Santa Fe), Formosa y Resistencia y Sáenz Peña (Chaco); miembros del pueblo Mapuche se instalaron en localidades como Neuquén, Bariloche, Zapala, Junín de los Andes y Esquel; los del pueblo Ranquel se trasladaron a Santa Rosa (La Pampa) y, entre los Comechingones, se movilizaron a diversas localidades de Córdoba. Lo mismo ocurrrió con integrantes de los diversos pueblos indígenas de Salta, que se establecieron en la capital de esa provincia, en Tartagal y Orán; y de los pueblos Koya, Aymara y Guaraní, que se instalaron en San Salvador de Jujuy, Humahuaca y Tilcara, entre otras localidades.

¿Por qué se ha producido este desplazamiento poblacional? Las causas han sido variadas y diversas a lo largo del tiempo, puesto que las poblaciones indígenas fueron expulsadas de sus territorios desde tiempos coloniales. Durante las últimas décadas, las migraciones se aceleraron de la mano del avance del modelo agroindustrial y productivo, caracterizado, entre otras cosas, por la mecanización agrícola, el avance de la frontera agraria, la denominada pampeanización de la región chaqueña, los desmontes indiscriminados, la reconversión de usos agrícola-ganaderos a turísticos-inmobiliarios y la crisis de las actividades económicas de productores familiares, como el caso de la ganadería ovina en la Patagonia.

Junto con ellos, familiares de estas comunidades que permanecen en zonas rurales continúan reclamando por la aplicación de la Ley 26.160, que declara la emergencia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupaban los pueblos indígenas del país, que fue sancionada en el año 2006 y fue prorrogada en tres oportunidades, la última vez en 2017 y hasta el año 2021.

Esta medida permite relevar las tierras ocupadas por dichas comunidades, suspender los desalojos de esas tierras y establecer la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Sin embargo, trece años después de haber sido sancionada, su implementación continúa siendo insuficiente. De las 1687 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI), se ha iniciado el proceso de relevamiento a 967 comunidades, que representan apenas un 57% del total, de las cuales apenas un 38% ha terminado, y quedan 720 comunidades por relevar.

“La presencia de indígenas en las ciudades es la expresión de la imposibilidad de desarrollar su existencia en los territorios que originariamente poblaron”, afirmó el doctor en Antropológía Juan Engelman, que forma parte de un grupo de extención y transferencia de la FFyL/UBA que trabaja desde hace años con estas comunidades y participó en la organización del encuentro. “Los derechos indígenas no sólo atañen a un reconocimiento cultural, sino a las reivindicaciones respecto de una vida digna que sólo se concretará a partir del derecho a la tierra, a la vivienda y a un trabajo digno”, sostuvo.

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