Por: Elías Sevilla Casas* (Razón Pública y El Espectador)
El director general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Ernesto Montenegro Pérez, no ha logrado decidir si es un científico o un burócrata. El ICANH, según es definido por su misión y marco normativo, es una entidad cuyos investigadores deben “establecer criterios científicos y técnicos y planificar el desarrollo de la investigación en los campos de la antropología social, arqueología, bioantropología, lingüística aborigen, historia colonial, etnohistoria y patrimonio arqueológico y etnográfico colombiano”. Pero aunque la entidad sea científica, el director parece jugar más a la política.
Ernesto Montenegro fue nombrado director general del ICANH en 2015, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. A pesar de algunas protestas en su contra, fue ratificado en su cargo por la administración Duque. Montenegro ha aparecido recientemente en la prensa por varios motivos: unos personales como la duda sobre su calificación académica para el cargo, y otros —que son los que aquí interesan— por las implicaciones de sus actos para el patrimonio cultural colombiano.
Por desgracia, ya han ocurrido dos episodios en que Montenegro parece preferir el papel de burócrata, con serias implicaciones para la misión científico-técnica de la entidad estatal que está bajo su mando. El primero y más sonado fue el del Galeón San José. Según el exsubdirector científico del ICANH, Emilio Piazzini, Montenegro le hizo poco caso a la opinión de la comunidad arqueológica colombiana a la hora de tomar decisiones sobre el Galeón.
Con la asesoría de Montenegro, quien entonces era subdirector técnico del ICANH, el Congreso promulgó la Ley 1675 de 2013, que reguló lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido en Colombia. Y aunque la ley llenó un vacío jurídico en la materia, también abrió la puerta para que los bienes encontrados en los objetos arqueológicos sumergidos —que son patrimonio cultural— se pudiera convertir en vulgar plata negociable, contante y sonante. Por eso Piazzini la llama «una ley infame»
El caso de la Minga indígena
El segundo episodio donde Montenegro mostró que su faceta de funcionario pesa más que la de científico tal vez no sea tan reluciente como el oro y la plata del Galeón San José. Sin embargo, es igual de preocupante.
En cumplimiento de sus funciones misionales, el actual Grupo de Antropología Social del ICANH publicó en Facebook un pronunciamiento sobre la Minga indígena. Desde la investigación científica, los antropólogos buscaban salir al paso de la cantidad de información descontextualizada, falsa o cargada de prejuicios que sobre la Minga circulaba.
El hecho insólito consistió en que el director del ICANH, Ernesto Montenegro, desautorizó públicamente el pronunciamiento de los investigadores desde el portal oficial de la entidad, argumentando que no había sido debidamente tramitado. Fue una desviación, con argumentos burocráticos, de la práctica de respeto que el ICANH y las entidades que le antecedieron han tenido frente a la libertad de expresión de sus investigadores.
En respuesta a ese comunicado, cuatro exdirectores del ICANH enviaron a Montenegro una carta donde le manifestaron su “profunda preocupación por el acto de censura”. La comunicación fue compartida entre antropólogos e investigadores colombianos y colombianistas, y en cuestión de días, 303 colegas de Colombia, América y Europa adherimos a la carta.
Montenegro respondió, por paradoja o cinismo, con un recuento de la tradición de investigación seria y con responsabilidad social que las generaciones de investigadores del ICANH han mostrado en sus ochenta años de existencia. La interpretación más benigna de la respuesta de Montenegro es que el director del ICANH no ha entendido las implicaciones de fondo de su pronunciamiento. El ICANH es un organismo científico del Estado, no un brazo al servicio del gobierno de turno. En virtud de esa condición superior, el Instituto se ha ganado el respeto que hoy tiene y que le permite actuar con altura y consideración en el panorama nacional e internacional.
No se trata aquí del contenido de los textos sobre la Minga, que pueden ser debatidos y controvertidos. La razón de ser de las comunidades científicas es debatir las diferentes posiciones que existen sobre un mismo tema. De hecho, hay múltiples posiciones sobre la Minga en las comunicaciones de los antropólogos. Pero la desautorización de Montenegro convierte al ICANH en una herramienta para los intereses coyunturales de la administración Duque. El asunto será tema de análisis en el próximo Congreso de Antropología en Colombia.
Ciencia, política y economía
El incidente del ICANH y de su director muestra el peligro de poner la ciencia al servicio del capitalismo financiero transnacional. Un libro reciente de Alain Touraine nos advierte que los macro agentes económico-políticos buscan unificar el pensamiento y agotar las fuentes de la crítica. En palabras del poeta portugués Afonso Cruz, “los autoritarismos tiemblan cuando el pueblo es capaz de pensar, de tener opiniones, porque todo eso amenaza el pensamiento único”.
Para asegurar el control político y financiero, los gobernantes buscan “clientes” genéricos y partidarios obedientes. Necesitan funcionarios que cumplan tareas bien precisas dentro de los planes estratégicos. En Colombia, el gobierno Duque está interesado, sobre todo, en el “jugo” comerciable de la naranja cultural. Todo el resto de nuestra diversidad cultural parece contar poco o nada para el gobierno. En la prensa nacional ya se han ventilado preocupaciones similares referentes a otros institutos científicos como son el Archivo Nacional, el Museo Nacional, y el Centro de Memoria Histórica.
En este caso y, para colmo de males, una de las principales entidades cuya tarea es salvaguardar el patrimonio cultural está dirigida por un funcionario cuyas actuaciones hemos comentado.
*Profesor titular jubilado de la Universidad del Valle y analista de Razón Pública.
ANTROPOLOGICAS 