Perú: 65 etnias amazónicas reclaman la anulación de 38 decretos legislativos

agosto 19, 2008

CNR (Perú).- La paralización indefinida que acatan las comunidades indígenas de la selva, desde el 9 de agosto, está amparada en tratados internacionales, pues los decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo no hacen más que vulnerar sus derechos.

Así lo sostuvo Ada Chuecas, directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP), quien a través de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), señaló que dichas normas contravienen los convenios internacionales como el  Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano, que velan por los derechos de las comunidades nativas.
“Los reclamos que tienen los pueblos indígenas son derechos amparados no solamente en tratados internacionales de protección de pueblos indígenas, sino también a nivel constitucional. Por eso, consideramos que los reclamos son legítimos porque muchos de estos decretos legislativos dados por el Ejecutivo vulneran los derechos humanos de pueblos indígenas reconocidos en la OIT y la misma declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas”, manifestó.

Sin embargo, consideró que la solución de este problema debe partir de una predisposición al diálogo de ambas partes – Ejecutivo y dirigentes indígenas- a fin de entender las razonas por las cuales se lleva a cabo esta medida de protesta.

“Creo que se tendría primero que serenar los ánimos y establecer un diálogo y una discusión sobre lo que significa para ellos el derecho al territorio, que no solamente está vinculado a un mero derecho de propiedad, sino que va más allá. El derecho de territorio para ellos es un derecho inherente para que puedan sobrevivir como individuos y como colectivos”, refirió.

Así mismo, Chuecas lamentó que el gobierno pretenda descalificar el paro de los nativos argumentando que detrás de dicha medida estarían Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

“Creo que el gobierno tiene una visión que se repite en el tiempo, descalificar que las propias poblaciones tiene el derecho de reclamar sus derechos sin necesidad de que esté alguien detrás de eso. Por eso, debe existir una nueva visión en la que se reconozca a todas las comunidades indígenas como una riqueza y no como un obstáculo para el desarrollo”, acotó.

Desde hace 10 días, 65 etnias amazónicas reclaman la anulación de 38 decretos legislativos, entre los cuales destaca el Nº 840/2006-PE de “Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería”, conocido como “Ley de la Selva”.

De igual modo, se cuestiona el Decreto Legislativo Nº 1015 el cual establece que para la adquisición de propiedades de tierras se requerirá del voto a favor de no menos del 50%, es decir una mayoría simple, con lo cual se elimina la votación calificada de los dos tercios, de acuerdo a la Ley de Comunidades Campesinas.

Los nativos han tomado plataformas petroleras, campamentos del proyecto Camisea, en las zonas del Bajo Urubamba, en Cusco; retuvieron embarcaciones en Pucallpa, cerraron estaciones del Oleoducto Nororiente, y dejaron de operar la central hidroeléctrica de Aramango, en Amazonas. De igual modo, mantiene interrumpido el tránsito en el sector de Corral Quemado, en la ciudad de Bagua Grande, capital de la provincia de Utcubamba (Amazonas).

Cabe recordar que los días 8, 9 y 10 de julio, los habitantes de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali acataron un paro de 72 horas en rechazo de las leyes y dispositivos arriba mencionados.

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