El Señor de la Producción (parte I)

octubre 20, 2006

Relaciones entre agrónomos y desempleados rurales en un proyecto de construcción de cooperativas de trabajo

Trabajo publicado en la Revista Campos N° 1, publicación de la Universidad Federal de Paraná, Brasil


Leandro Etchichury

Introducción             

El presente artículo fue escrito  en base a un trabajo de campo realizado a lo largo de los años 1997-1998, en localidades cercanas a la capital de la provincia de San Juan. Se trata de una zona con una fuerte tradición vitivinícola que a partir de los años ’80 fue afectada por una profunda reconversión en el sector, a lo que se sumó los efectos de las políticas de ajuste y de desregulación. Sus consecuencias: reducción de personal por parte de las empresas, precarización de las relaciones laborales, la casi desaparición del contratista de viñas , abandono de fincas pequeñas y medianas, y expulsión de mano de obra familiar del pequeño viñatero. Finalmente la “solución”  se manifiesta por dos extremos, éxodo de pobres rurales, por un lado, y concentración de la propiedad y/o producción en un reducido sector altamente tecnologizado, por el otro.             
Ingenieros Agrónomos, pertenecientes a la Unidad Minifundios del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de la zona, abordaron la tarea de contener, a través de proyectos cooperativos, a esta heterogénea masa de desplazados rurales. La homogeneidad de políticas en una heterogeneidad de identidades provocó resultados contrastantes. Esta investigación se centró en el conflicto entre técnicos y ex asalariados rurales que se presentó con la experiencia de cooperativización avanzada en años. Los primeros, inductores externos de un proyecto colectivo; los segundos, desocupados rurales con disímiles experiencias de vida. 
 
El agrónomo y la apropiación del conocimiento 

El desarrollo de la agronomía hacia su status de ciencia está en directa relación con una etapa en la que se atacó a los sectores campesinos por su atraso, ignorancia e incapacidad para llevar adelante una agricultura moderna, complemento necesario a la revolución industrial del siglo XVIII.            
La Inglaterra de entonces cuenta con una importante aristocracia terrateniente, que en su competencia con la floreciente burguesía urbana no duda en adoptar las teorías desarrolladas por Jethro Tull  en pos de un uso intensivo de sus explotaciones. El surgimiento de esta clase de grandes agricultores impulsará los estudios agronómicos. Así nace en 1793 el Board of Agriculture importante institución de fomento y progreso agrícola (Mantoux, 1962:140). Además, y como segunda consecuencia de este proceso de desarrollo, la política de enclosures
llevó a la expulsión de sus tierras de un importante sector campesino.
En la Argentina, el sistema de enseñanza agrícola dará sus primeros pasos en 1823 de la mano de Bernardino Rivadavia (Ratier, 1989:4). Será a partir de esta historia que desde las ciencias sociales se verá a la agronomía como una ciencia con un carácter de elite.  
“Al agrónomo cabe el monopolio de la ciencia, entendida como sinónimo de verdad, lo que fundamenta su poder en las estructuras burocráticas destinadas a la modernización agrícola, y en el sistema de enseñanza”. Como apunta (Claude) Grignon para Francia, la organización jerárquica de esos organismos es determinada en función directa de la distancia respectiva de los profesionales en relación a la clase dominante, a la ciencia y a la ciudad, y en función inversa de su proximidad al campesinado, a la práctica agrícola y al campo. El saber campesino es desvalorizado y opuesto a un saber nuevo, cuya matriz no es la huerta o el corral, sino el laboratorio” (Ratier, 1988:53).  El establecimiento de las sedes de educación superior en las ciudades, revalorizándolas como los centros por excelencia de la producción científica, subordinando la práctica a la teoría, marca este carácter.
Para el antropólogo Hugo Ratier son éstos los lineamientos del llamado modelo agronómico.
La visión del círculo de Ingenieros Agrónomos como un grupo de estatus  tiene sus fundamentos no sólo en la defensa de sus intereses profesionales contra toda intromisión foránea en su área de incumbencia, sino fundamentalmente en su transformación en un grupo intermedio entre una élite hegemónica y los sectores rurales subordinados. Claude Grignon destaca, al analizar el caso francés en su trabajo La enseñanza agrícola y la dominación simbólica del campesinado (1975), la pertenencia a la clase dominante de aquellos profesionales que ocupan los puestos de decisión y planificación más altos.  “Dentro del esquema propuesto al ingeniero agrónomo profesional cabe el comando del proceso de modernización de la agricultura, y de las relaciones sociales imperantes en el campo. Dueño de la estrategia, necesita de un profesional subordinado próximo a su especialización pero que no domine el crítico recurso del saber científico (los técnicos agrícolas), para intermediar su relación con quienes habrán de ser modificados, los productores” (Ratier, 1986:18).     
Delma Pessanha Neves, en su estudio sobre la construcción del productor moderno, hace mención a una división entre los agrónomos dedicados a la investigación y aquellos dedicados a la extensión rural. Mientras que los primeros son los creadores del saber -posición de privilegio-, los segundos construyen su legitimidad deslegitimando el saber empírico de los productores, a partir de la construcción anteriormente desarrollada del comportamiento social de los agricultores. Es con estas herramientas que el agrónomo llega a ese proceso de modernización debiendo operar en un contexto de relaciones sociales preexistentes, conflicto de intereses, alianzas, juego de fuerzas políticas, surgimiento de efectos no previstos,  de inclusión de unos y exclusión de otros agricultores (Pessanha Neves, 1989:107). Asimismo, el propio profesional estará condicionado por sus supuestos político-ideológicos.
En el estudio realizado por Claudia Guebel sobre el programa Cambio Rural, desarrollado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno argentino, se pone de manifiesto toda esta concepción, anteriormente expuesta, cuando se destaca que el programa trata de inculcar, a través del lenguaje y de la organización, una mentalidad empresarial y comercial.  “Por las características de la propuesta, la idea de empresa que se propone tiende mucho más a corresponderse con las sociedades comerciales que con las cooperativas” (Guebel, 1997:5). 
El choque que se produce cuando la voluntad de cambio del agrónomo se opone al tradicionalismo del productor, es analizado por Guebel en términos de resistencia y desestructuración social.  “…Para ser viable el cambio, (Pierre) Bourdieu plantea la necesidad de una reinvención creadora, como un modo de estructurarse nuevamente después de la desestructuración. Esta reinvención creadora puede ser realizada a través del uso de mecanismos tradicionales, es decir, haciendo jugar lo conocido y lo nuevo juntos” (Guebel, 1997:12). 
El problema aquí se presenta cuando se plantea sobre los modos y agentes que operen este cambio, aquellos a los que Guebel llama bisagras. Nos encontramos así en el marco de los programas de Desarrollo Comunitario (Boivin y Casabona, 1983) que buscan integrar a los sectores tradicionales en la progresista sociedad nacional, a través de la mediación de líderes locales que por su adhesión, más o menos espontánea, movilizan a la comunidad en ese sentido. El tema en estos casos es que habitualmente se parte de la concepción  funcionalista de la sociedad equilibrada y sin conflictos, provocando una legitimación de las relaciones de poder existentes, su acentuación o una crisis cuando nuevos líderes son legitimados por el agente de cambio, en virtud de poseer un conocimiento técnico como capital social.
Volvemos a ver,  con estas teorías para el desarrollo, concepciones dualistas de un marcado tinte etnocéntrico, que plantean como único modelo evolutivo el occidental, uno de cuyos paradigmas fundamentales es la racionalidad económica. “En los años ’60, el auge de los modelos de desarrollo inspirados en los ‘paradigmas de la modernización’, que suponían al mismo como un camino que conduciría a las sociedades ‘atrasadas’ a un estado de progreso que correspondía a las sociedades ‘avanzadas’, ‘industrializadas’ de occidente, provocó en América Latina la implementación de políticas que tendían a la modernización de las sociedades agrarias. Un grupo de ellas tenía como objeto generar y difundir tecnologías, formas de producción y modelos que hacían abstracción de los procesos históricos y de la lógica o racionalidad de los distintos actores sociales. Estos modelos productivistas, que promueve el sistema económico dominante, tienden a priorizar o intensificar la actividad comercial más importante…, con el objeto de producir volúmenes significativos a los fines de la política económica, pero como contraparte su aplicación significa una fuerte competencia entre productores que pretenden ser ‘modernos’, que necesitan constante apoyo técnico y un gran volumen de créditos para implementar ésas tecnologías. Este modelo ha tenido como consecuencias la desaparición de numerosos productores agropecuarios independientes, migración de poblaciones rurales, subutilización de recursos humanos, degradación y desaparición de los recursos naturales” (Villafañe, 1995:10). 
No obstante, siguió perdurando la concepción de que la causa de estos fracasos se hallaba en las “resistencias al cambio” y la consecuente reproducción de “conductas irracionales”. Cuando el antropólogo  Norman Long defiende una perspectiva de trabajo centrada en el actor, contempla  “la intervención estatal y la modernización de la agricultura como una serie de procesos negociados, continuos y socialmente construidos que involucran actores específicos. No son transformaciones estructurales despersonalizadas sino que implican interacción, competencia, conflicto y negociación entre personas y grupos de orígenes, ideologías y recursos diferenciados. En resumen, están constituídos por series complejas de encuentros sociales e interfases[3] que involucran a personas con mundos de vida contrastantes, y en ocasiones aparentemente incompatibles” (Long, 1994:6). 
El INTA y su rol extensionista 

El INTA, organismo del Estado fundado en el año 1956, nació con el compromiso de alentar la investigación y promover el desarrollo de la actividad agropecuaria en todo el territorio argentino, contemplando la participación de distintos actores rurales.El accionar de sus Agencias de Extensión  tiene por herencia una fuerte impronta de modernización del agro, a través de una transferencia de nuevos conocimientos y nuevas tecnologías acompañadas de pautas de carácter productivista (la búsqueda de la eficiencia con el objetivo de maximizar beneficios).En 1987 el INTA crea la Unidad de Minifundios (Unidad de Coordinación de Planes y Proyectos de Investigación y Extensión para Productores Minifundistas) con la finalidad de atender las necesidades de los pequeños productores agropecuarios, a través de proyectos instrumentados por las Agencias de Extensión con aprobación y financiación de la Dirección Nacional del citado Instituto. El objetivo general de la Unidad Minifundios es contribuir a aumentar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los productores minifundistas para posibilitar su transformación en productores capitalizados.Para la Unidad de Minifundios se entiende por productor minifundista a quien posee una pequeña superficie de explotación, problemas de tenencia de la tierra, mano de obra familiar con baja remuneración, deficiente asistencia técnica y asesoramiento profesional, falta de tecnología adecuada, no acceso al crédito formal, bajo poder de negociación y debilidad organizativa en lo político gremial (Berenguer, 1997:8). La política de trabajo que plantea la Unidad Minifundios tiende a favorecer la organización colectiva, para una posterior autogestión del proyecto.  

Cooperativas agrarias 

Si bien el sistema cooperativo tiene una larga historia en la Argentina que lo enriquece de contenidos, lo veremos aquí en uno de sus aspectos, es decir como una respuesta y herramienta que determinados actores asumen para enfrentar una realidad que les es hostil, tanto a nivel económico como social. Pero a la vez, una herramienta, que para el caso del agro y dadas determinadas condiciones, es capaz de aproximar  a  un tipo de estructura económica con capacidad de maniobrar en estos tiempos de concentración de capitales, como es la organización agroindustrial.En nuestro país esta forma asociativa ha adquirido mucha importancia en la formación de importantes complejos agroindustriales, tales como en los casos de los lácteos, arroz, oleaginosas, azúcar y frutícolas. No obstante, Teubal destaca que el actual contexto de concentración económica, retiro del Estado de su papel promotor y regulador, restricción financiera y relaciones asimétricas entre los actores, junto a las propias dificultades organizativas, dan origen a procesos de crisis que no son fáciles de superar. Según datos del INTA del año 1993, sobre unas 2000 cooperativas de trabajo matriculadas menos de un 10% llevarían una existencia exitosa. Ligado a esto, Tort y Lombardo destacan la existencia de una relación directa entre los períodos de crisis en la Argentina y el crecimiento en el número de cooperativas de trabajo, fundamentalmente por los procesos de  desocupación y dificultades de los sectores medianos y pequeños de la economía (Tort y Lombardo, 1993:9).La Federación

La Federación -así la llamaremos de ahora en más (siguiendo el uso de los socios) a la Federación de Cooperativas Agropecuarias- nació de un proyecto de sistemas cooperativos agropecuarios de pequeños productores, elaborado en el año 1987 por técnicos del INTA, a instancias del éxito conseguido con el desarrollo de la Cooperativa de Trabajo Agropecuario y Consumo Del Carmen, en 1983.Roberto, Ingeniero Agrónomo del INTA cuyo protagonismo en la gestación y desarrollo de toda esta experiencia a la fecha de este trabajo continúa siendo muy importante, destacó que los principales objetivos de aquella primera experiencia cooperativa fueron “transformar obreros municipales y de viña en productores, desarrollar cultivos alternativos con mira a la exportación e integrar las familias buscando un desarrollo integral”.En informes presentados a la Unidad de Planes y Proyectos de Investigación y Extensión para Minifundistas del INTA se informa que lo que se intenta es: 

Promover y fortalecer el cooperativismo en el sector rural, para generar condiciones socioeconómicas que favorezcan el arraigo de familias rurales, y en segundo lugar, a paliar el déficit de semillas forrajeras y hortícolas nacionales de calidad, sustituyendo su importación y promoviendo exportaciones (Tort y Lombardo, 1993:60). 

           
A partir de entonces sucesivos grupos fueron integrándose al proyecto, con mayor o menor éxito, conformando distintos tipos de cooperativas de acuerdo a las características de las que se partían. A grandes rasgos tenemos las de producción (conformadas por pequeños productores), cuya modalidad de trabajo es la unificación de lo producido en las parcelas de cada agricultor para su posterior comercialización; y las de trabajo (integradas por ex  trabajadores asalariados), que se caracterizan por la producción y comercialización en común.
           
Con un total de doce cooperativas, y otros potenciales grupos que se perfilaban para constituirse como tales, apoyadas técnica y económicamente por la Unidad Minifundios del INTA, comienza a principios de la década del ’90 a proyectarse la formación de un organismo de segundo grado que aglutinara y sostuviera a todas las cooperativas. Para 1993 ya estaba organizada y matriculada La Federación.
           
Las cooperativas se reúnen una vez al año en Asamblea, instancia máxima de decisión, donde se elige al Consejo de Administración (presidente, secretario, tesorero y dos vocales). El Consejo se reúne semanalmente en la sede de La Federación y allí pueden participar representantes de las cooperativas.
           
A Roberto, se fueron agregando nuevos técnicos (en su mayoría jóvenes recientemente egresados de distintas universidades del país), y en 1998 forman un equipo que suma seis especialistas, cuyos salarios y equipamiento están repartidos entre el INTA, La Federación y el Programa Social Agropecuario (desarrollado por el gobierno nacional y destinado a los pobres rurales). A ellos se suman dos contadores y un plantel administrativo integrado bajo forma cooperativa.
           
Según los propios técnicos se factura anualmente (1997) alrededor de dos millones de pesos. Los principales ingresos provienen del abastecimiento de variedades de semillas al Plan Nacional PROHUERTA
[1], contrato que vienen obteniendo por licitación pública.
           
Datos del año 1995, sobre un total de 108 encuestas realizadas a socios de La Federación (espectro que cubre a un total de 386 personas), nos pueden ofrecer un panorama inicial sobre la situación social de las cooperativas:
En relación con el tipo de construcción de casas, con respecto a la protección contra posibles terremotos, se encontró que 44 casos poseen del tipo antisísmico, 60 poseen no antisísmica (adobe) y 4 tienen parcialmente antisísmica. Respecto al tipo de baño instalado o no instalado (retrete), 65 casos poseen instalado, 43 casos no poseen este tipo. En el caso del servicio de electricidad el total de los productores la poseen. En cuanto al agua potable, 62 productores tienen este servicio, 44 no poseen servicio de agua potable y 2 no contestan. En el caso del tipo tenencia de la propiedad que se habita se observó que 62 productores viven en casa propia, 6 alquilan y 40 son prestadas. Con relación a la cobertura social de los encuestados, se encontró que 41 casos poseen obra social, 66 casos no poseen de ningún tipo y 1 no contestó. Por último, respecto a los aportes previsionales, se obtuvo  que 79 productores no realizan aportes en cajas jubilatorias, 24 realizan estos mismos y 5 casos no contestan. (…)


[1] Se trata de un programa de carácter nacional que busca promover, fundamentalmente en sectores empobrecidos, el desarrollo de huertas para el autoabastecimiento comunitario. Para ello abren anualmente una licitación para la provisión de distintas variedades de semillas hortícolas al plan.

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