Por Javier Moro * para Página 12 (Argentina)

Una vez más los adolescentes y jóvenes emergen en la agenda pública ligados al tema de la (in)seguridad en los ámbitos urbanos. Estos discursos se instalan sobre la idea de peligrosidad en torno de los mismos y sustentan la necesidad de “mano dura” como mejor o única fórmula en pos de la defensa del resto de la sociedad (poner el eje del debate en la baja de la edad de imputabilidad es un ejemplo al respecto). En contrapunto pugnan los discursos que apelan a un enfoque de derechos e intentan dar cuenta de la complejidad de la problemática y, por ende, de su abordaje. Paradójicamente, mientras estos últimos discursos encuentran algunas fortalezas en reformas legislativas recientes que establecen un nuevo marco de acción hacia las políticas públicas (ley nacional 26.061 y ley provincial 13.298 que derogaron el patronato y la ley provincial 13.634 del nuevo régimen penal juvenil), ante la “opinión pública” aparecen en desventaja.

La escena mediática acota tiempos, simplifica y tiende a generalizar; en esas coordenadas la demanda legítima de seguridad ciudadana con frecuencia es puesta en contradicción con las modalidades llamadas “garantistas” y con los abordajes integrales en términos de derechos para adolescentes y jóvenes. A su vez, el conurbano bonaerense signado por la desigualdad y con amplias zonas de segregación se presenta como un territorio casi inexpugnable en términos de mostrar efectividad desde las políticas públicas que se enmarcan desde un enfoque de derechos.

En la provincia de Buenos Aires está en marcha un proceso de cambio en el marco de la nueva normativa con implicancias directas en los modelos de intervención hacia la infancia y la adolescencia (el pasaje de un modelo de tipo tutelar a uno de protección integral o garantista). Estas políticas impulsan una rearticulación desde el nivel provincial, un desplazamiento del Poder Judicial, un nuevo posicionamiento de los municipios y una implicación distinta de las organizaciones de la sociedad civil para el trabajo en territorio. Como todo proceso de política pública, la instancia de implementación presenta una gran complejidad por la multiplicidad de actores, el marco institucional y la dinámica organizativa que condicionan la puesta en marcha. Esto se ve potenciado en el caso de los municipios del conurbano por la heterogeneidad respecto de las capacidades de gestión de las áreas sociales, las que deben asumir un papel inédito hasta entonces en materia de políticas de infancia y adolescencia.

Este proceso implica un doble desafío en términos de gestión: por un lado, la transformación de las áreas organizacionales del nivel central con largas trayectorias bajo el anterior modelo tutelar y anclados en dispositivos judiciales y, por otro, la puesta en funcionamiento de un dispositivo novedoso en el nivel local tanto en la promoción como en la protección y restitución de derechos. Allí, la “bajada” del nuevo modelo traslada hacia el nivel local una tensión: mientras la línea de acción de las intervenciones de restitución de derechos aparece más orientada por la lógica del “caso a caso” (intervenciones personalizadas con los niños/as y adolescentes y el grupo familiar), la puesta en funcionamiento de políticas activas de promoción de derechos en el territorio implica la puesta en funcionamiento de líneas de acción en una escala mayor que incida en la situación social efectiva de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, las áreas sociales de los municipios suelen verse demandadas (y con frecuencia desbordadas) por la emergencia constante que plantea la atención de las situaciones de vulneración de derechos y esa dinámica conspira para la implementación de políticas territoriales de promoción de derechos (sean éstas directas o muy articuladas con las OSC que trabajan en el territorio).

Si el espacio mediático, por las características de simplificación y sensacionalismo, resulta de por sí un escenario a contrapelo para la legitimidad de las nuevas políticas, la instalación de modelos donde prima la lógica del “caso a caso” en los nuevos servicios locales de los municipios plantea el dilema de que la mentada transformación se reduzca (exclusivamente) a un cambio de procedimientos (bienvenido, por cierto), pero cuyo precio sea posponer (una vez más) la implementación de una política efectiva (y a escala) de inclusión social para los adolescentes en el ámbito local.

* Antropólogo, investigador, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Los pueblos indígenas vulnerados en su más fundamentales derechos como la educación

Los pueblos indígenas vulnerados en su más fundamentales derechos como la educación

Oaxaca, México.- Las políticas públicas no han logrado construir una nueva relación del Estado con pueblos indígenas y la sociedad mexicana, así como pluralizar el poder y ampliar la democracia,  señaló la maestra Laura Valladares de la Cruz, profesora-investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en la mesa redonda Los rostros y caminos de la Antropología Aplicada en México, la académica de la Unidad Iztapalapa puntualizó que especialistas en esta disciplina han mostrado la relación de subordinación de los sistemas jurídicos indígenas frente al sistema positivo hegemónico.


Subrayó que los expertos han participado de forma activa en el debate nacional que se ha dado al respecto, pugnando siempre por la necesidad de construir una nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado.

En la actividad efectuada en la Rectoría General de la UAM, Valladares de la Cruz refirió que diferentes analistas han calificado las más de 200 reformas realizadas a distintas normas, sobre diversas materias en relación con la población indígena, como aditivas y subordinantes respecto a la legislación que en cada materia existe en la Constitución Mexicana y sus leyes reglamentarias. Read the rest of this entry »

CIMI (Brasil).- En agosto de 2007, fui convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Diputados del Congreso Nacional Brasileño para presentar un argumento de cuño antropológico que clarificase a los parlamentarios sobre el tema del infanticidio practicado por varias sociedades indígenas en Brasil. La explicación era necesaria para que pudieran decidir su posición a la hora de la inminente votación de una ley que criminalizaba la práctica. En este artículo detallo conjunto de consideraciones y conocimientos que cercaron la preparación de mi argumento, presento el texto con que cuestioné la aprobación del proyecto de ley y expongo las conclusiones de alcance teórico que surgieron en el proceso de su elaboración. De hecho, como explicaré, al finalizar el ejercicio retórico cuya confección aquí describo, las categorías pueblo e historia se habían impuesto como las únicas capaces de permitir la defensa de un proceso de devolución de la práctica de la justicia a la comunidad indígena por parte del Estado nacional.

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Página 12 (Argentina).- Dos especialistas que realizaron estudios sobre juventud y violencia, uno en España, el otro en Colombia, coincidieron en que “no hay un aumento real de la delincuencia juvenil en ningún lugar del mundo”. De todos modos, reconocieron que “cuando se produce un hecho puntual, hay un mayor eco social porque los medios de prensa, que no son los culpables de crear el hecho, sí son responsables de amplificar lo ocurrido y producir el escándalo”. El español Carles Freixa, doctor en antropología y profesor de la Universidad de Lleida, advirtió que ese exhibicionismo de los hechos violentos hace que se esté hablando “de la evolución del erotismo de la violencia a la pornografía de la violencia”. Esto es grave, en su opinión, porque hasta los propios jóvenes violentos “utilizan los medios libres, como YouTube, por ejemplo, para subir sus propios actos de violencia. Es como decir ‘si me dicen que soy malo, pues lo voy a ser’. Es autorretratarse a partir de esa imagen. Es la profecía que se cumple”.

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Telam (Argentina).- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó hoy el hallazgo de restos humanos cremados en el predio donde funcionó el “Pozo de Arana”, un centro de detención clandestino que operó durante la última dictadura militar.

En una conferencia de prensa realizada esta tarde, la secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, reveló que además de “más de diez mil fragmentos de huesos humanos calcinados” se encontró un paredón con huellas de haber sido usado para fusilamientos, ya que tenía mas de 200 impactos de balas.

“Las cremaciones son la prueba material que refuerzan los testimonios de las víctimas y los testigos. Al menos dos cuerpos fueron encontrados, pero el nivel de cremación es tal que la probabilidad de identificarlos es baja”, explicó Daniel Bustamante, miembro del EAAF.

Los expertos del EAAF trabajaron por orden judicial en el “Pozo de Arana” entre el 25 de febrero y el 15 de septiembre pasados. Realizaron excavaciones en el fondo del lugar, en el patio interno y en la unidad sanitaria. Esos resultados fueron entregados ante el Juzgado 3 de La Plata a cargo de Arnaldo Corazza.

A partir de los testimonios brindados por víctimas de la última dictadura, los antropólogos forenses identificaron 15 lugares donde podría haber restos humanos.

El titular del EAAF, Luis Fondembrider, explicó que “en 4 de esas 15 fosas se hallaron restos humanos”. Y detalló que durante el 2009 el quipo trabajará para “recuperar el material genético de esos restos óseos que se encontraron cremados”.

Por este centro clandestino de detención pasaron ex detenidos desaparecidos como Jorge Julio López y los adolescentes secuestrados en el episodio conocido como la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976.

Mariana Sirimarco

I

La producción de nuevo conocimiento, o la combinación del ya existente bajo nuevas modalidades, con el objeto de dar lugar a transformaciones que resulten en nuevos productos significativos, supone un complejo proceso de aprendizaje, que opera en múltiples niveles. Señala Lundvall que el conocer no se agota en el solo conocimiento fáctico (know-what), sino que implica asimismo el conocimiento de principios, leyes o reglamentos básicos (know-why), así como el know-how: el conocimiento de las capacidades o habilidades requeridas para la acción (en López, s/d).
Lo anteriormente dicho puede tal vez aportar a la reflexión acerca del proceso de enseñanza/aprendizaje en el ámbito de la Escuela Superior de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA), en tanto trae a colación herramientas útiles para reflexionar en torno al proceso de adquisición de nuevos conocimientos, y a la modalidad (y factibilidad) por las que discurre el aprendizaje en este espacio educativo.
En tanto la Escuela constituye la institución encargada de dictar aquellos Cursos de capacitación que debe cumplir el cuadro de Oficiales como condición previa y obligatoria para el ascenso a ciertos grados de la jerarquía1, sus alumnos son personal policial que ya cuenta con varios años de servicio en la fuerza. Estos Cursos representan, en la mayoría de los casos, el único espacio de educación formal que dichos alumnos han frecuentado desde su egreso de la Escuela de Cadetes; esto es, desde el inicio de su carrera profesional. En tal sentido, muchas de las asignaturas cursadas suponen un primer contacto con la materia tratada en ella, ya sea porque sus contenidos se han visto escasa o superficialmente con anterioridad, o bien porque nunca se han visto para nada.
Tal es el caso de la asignatura Derecho de Familia y Minoridad, dictada por una Licenciada en Abogacía. A juzgar por los dichos del propio personal policial, los menores delincuentes se han transformado en una de las problemáticas que más azotan al conurbano bonaerense, y para la cual no han sido nunca preparados. Capacitarlos en este campo es uno de los objetivos de la materia, acercándoles los conocimientos que requiere su función en relación a la legislación vigente respecto de los menores en conflicto con la ley penal.
La enseñanza brindada por la Profesora va más allá del mero comentario de la ley. Y no es extraño que entre números de artículos y explicaciones de alcances legales se cuele una y otra vez otra clase de discurso:

Hay que discriminar al menor de la calle y al menor delictivo. Y aun así hay que saber tratar al delictivo, porque ustedes tienen privilegios que ellos no tienen. El chiquito que los insultó, lo único que sabe es que va a ir a una institución, que lo despreciaron, que no lo quiere ni la familia. Ustedes piensan: “el menor es peligrosísimo, es nuestro enemigo”. Para él, ustedes son los enemigos. Los menores y los policías se ven como enemigos. No es la realidad. Ambos son víctimas. Son menores que no tienen afecto, de los que nadie se preocupa ni nadie les habla. Ni los padres los quieren. ¿Quiénes tienen más obligación? Ustedes, que están por elección -les guste o no-, que fueron a una Escuela Superior, que tienen un sueldo, un objetivo, un sentido de vida. Los menores no son sus enemigos, no tienen ni las posibilidades ni la instrucción que tienen ustedes.
(…)
Cuando se detiene a un menor hay que llamar inmediatamente a los padres y al juez. Cosa que no se hace, se lo llevan y listo. Eso es incorrecto, y muchos lo hacen. Es una cuestión de procedimientos. No cuesta nada hacer las cosas bien. Esto es lo que no tienen que olvidar: cuál es su función y su grado de responsabilidad. Es para que se cubran de un sumario. Ante la duda, cúbranse, hagan las cosas bien.

Semejante pieza discursiva no es inocente. Alude -sin hacerlo directamente- al conocimiento de las representaciones habituales de la policía respecto a los menores delincuentes (el enemigo), y a las prácticas también habituales a los que los someten (el maltrato)2. E intenta revertir estas cuestiones a través de una estrategia que se revela, en principio, más astuta que la condena moral de su accionar: la seguridad personal. Donde la actuación bajo el marco de la ley no se recalca como el desempeño correcto per se, sino como la manera de ponerse a resguardo del sumario administrativo3 que cualquier omisión de los procedimientos legales les pudiera ocasionar.
El conocimiento impartido opera, entonces, cuestionando el conocimiento policial, a la vez que proponiendo nuevas herramientas y parámetros para delinear una nueva modalidad de conocer que pueda dar cuenta de nuevas pautas de acción policial respecto a la minoridad delictiva. Este proceso de “enseñanza” se revela, es claro, como conflictivo, en tanto implica la impartición de nuevas perspectivas a quienes ya cuentan con un importante bagaje institucional.
Menciona Foucault (1984) que las prácticas sociales conforman dominios de saber: lo que un grupo hace, sus hábitos, sus concepciones, constituyen un terreno definido de conocimiento; a manera de coordenadas, delimitan un determinado campo de saber. Campo que hace aparecer, a su vez, nuevos objetos, conceptos, y técnicas de conocimiento: procedimientos, formas de requisas, teorías acerca de la minoridad delictiva, etc. Las prácticas policiales funcionan de tal modo, dando lugar a un conocimiento único, que sólo los policías -en virtud de serlo y saber, por lo tanto, lo que saben- poseen.
Lo que subyace a este proceso de enseñanza/aprendizaje es, entonces, la confrontación entre dos saberes especializados -el del derecho y el policial-, en tanto “cada tipo de discurso se convierte en una especialización privilegiada por cierto grupo de actores, con la que se instaura una compleja división del trabajo político-moral y cognitivo” (Soares, 1995:285).
Resulta de esto una suerte de tensión entre ambos saberes, tensión que no se manifiesta en el espacio de las aulas sino en charlas informales que escapan a la presión de estar siendo calificados. En el contexto de las clases, los policías no hacen sino hablar desde el “deber ser” y dar cuenta de procedimientos sumamente respetuosos de la ley. Fuera de ellas se animan a confrontar con el saber jurídico a partir de las experiencias que les depara el ejercicio de su profesión.
Lo que esto hace es poner de manifiesto el proceso de recepción del conocimiento impartido, teniendo en cuenta que los hábitos adquiridos pueden bloquear la incorporación de nuevos conocimientos, si estos entran en tensión con la propia experiencia. Si un experto es todo aquel que puede aducir capacidades o conocimientos específicos frente a otro que carece de esta formación, es claro que Profesora y alumnos se posicionan cada uno desde su propia expertise, donde ésta debe ser entendida en términos contextualmente relativos (Giddens, 1997).
Señalan Kalinsky y Pérez que “los conocimientos surgen de una encrucijada de discursos y prácticas que responden a diferentes, y a veces encontrados, intereses y ´lobbies´. Entre ellos se invalidan, cuestionan o autorizan. Cada uno trata de imponerse al otro con sus propios principios de racionalidad” (1993:6). ¿Qué discursos, prácticas y representaciones abonan el saber policial respecto a la minoridad delictiva, propiciando esta suerte de “pugna” con el saber jurídico? ¿Cuál es la lógica que puede sustentar el maltrato a estos menores como elemento estructurante del campo de saber policial?
Este trabajo puede leerse en dos niveles. Intenta, en primer lugar, un acercamiento al conocimiento que el personal policial construye en torno a esta problemática. En una tentativa de desnudar la racionalidad que lo subyace y de reflexionar, por ende, acerca de las fuentes de autorización en que se apoya y las fuentes de desautorización con que deslegitima al saber jurídico. Sugiere también, en segundo lugar, y en no menor medida, una reflexión respecto a las posibles dificultades que conlleva el proceso de enseñanza/aprendizaje en un espacio educacional como el mencionado.

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